(haga clic sobre el gráfico para ampliarlo. Fuente: diario abc color)El nuevo gobierno surgido de las urnas el pasado 20 de abril, tomó la decisión de poner fin al “uso periodísticamente persuasivo” del dinero de Itaipú y Yacyreta y suspenderá toda publicidad estatal innecesaria. El gobierno que se va, gastó más de US$ 23 millones en 5 años, para promocionar supuestas obras y comprar conciencias de periodistas-comisionistas que incluso –muchos de ellos, financiados por ese dinero- torpedearon propuestas patrióticas.
El nuevo vicepresidente Federico Franco, se encargó de avisar que no habrá más avisos de favor y que el dinero se utilizará en otros fines socialmente correctos.
Hubo gastos ilegales en publicidad y el proceso se desbordó en el período preelectoral cuando el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, candidató a Blanca Ovelar para sucederle. El gasto se orientó a lograr “buena prensa” para la candidata cuyos movimientos indudablemente tuvieron buena cobertura informativa, de la mano de la jugosa propaganda estatal en los medios.
El dinero dulce de Itaipú y Yacyretá, incluso sirvió para favorecer intereses de Argentina y Brasil. En efecto, cuando Fernando Lugo planteó como base de su campaña política, lograr mejores beneficios de Brasil y Argentina en la administración de la hidroenergía, se encontró con comentarios de periodistas-comisionistas, acerca de que presuntamente estaba creando falsas expectativas y engañando al electorado porque en el caso de Itaipú el propio tratado establece que debe esperarse 50 años desde su firma para una renegociación.
Es decir, el dinero público paraguayo sirvió para que la candidata Blanca Ovelar tuviera buena prensa, en un sector del periodismo nacional y estimulara sentimientos antipatrióticos en varios periodistas que fueron virtualmente sobornados.
No obstante, el gobierno brasileño se avino ya a estudiar nuevas condiciones para el pago al Paraguay por el uso de la cuota de energía que le pertenece. Se dejó en claro que la ley 1297/98 inhibe a las instituciones del Estado realizar propaganda pagada en los medios, salvo convocatorias a licitaciones, edictos, promoción de campañas informativas de tipo sanitario o educativo en temas de interés general o de defensa del consumidor.
Incluso, es posible que una investigación judicial, sancione a los culpables del uso indebido de dinero público en publicidad.
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