La lucha contra el secretismo que domina la administración de la res pública y que escuda prácticas corruptas en el sector estatal, es el gran objetivo que 23 organizaciones de la sociedad civil paraguaya se trazaron en el 2004.
Elaboraron un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública considerado de avanzada, el que ya tiene el aval de 16 parlamentarios.
Se espera que tenga media sanción este año para erigirse muy pronto en una herramienta de control ciudadano legitimador de la democracia, lo que marcará un hito histórico de incidencia de la sociedad civil en políticas públicas.
Muchos de los que hoy integran el grupo impulsor de la iniciativa, creyeron dos años atrás que estaban iniciando un esfuerzo casi inútil.
Romper el cerrojo
Entendían que la pretensión de desarticular el cerrojo de “secreto de Estado” que rodea a la información que pertenece a todos, iría a colisionar contra un sector político que había utilizado durante décadas el secretismo no precisamente en beneficio de los intereses generales.
Pero si la democracia estriba en responsabilidades compartidas de gobernantes y gobernados, el principio no puede aplicarse mientras el ciudadano carezca de acceso a la información pública. Este punto de partida fue fundamental para el empuje inicial en pos de lo que parecía una quimera.
Para Mily Choy del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), una de las grandes impulsoras de la idea, valieron tres factores trascendentes para revertir aquellos temores iniciales: 1- La convicción de representantes de 23 organizaciones de la sociedad civil de estar en el rumbo correcto, 2- la existencia de un núcleo de parlamentarios conscientes de su verdadero rol y 3- la existencia de un mandato constitucional que había sido ignorado por 13 años.
La Constitución paraguaya de 1992 en su “Artículo 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE” establece: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectifica o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”.
Por qué no intentarlo
A fines del 2003 un experto mexicano Ernesto Villanueva, había disertado en Asunción sobre la experiencia mexicana de acceso a la información pública y surgió la inquietud de “¿por qué no intentarlo nosotros”.
Representantes de OSCs almorzaron con él y prendió la idea. Si no se podía avanzar, era el momento de instalar el tema.
“Invitamos a un grupo más amplio y todos estábamos en la misma onda, manifestábamos el mismo interés y empezamos la tarea”. La alianza de OSCs convocó a expertos de otros países que narraron sus experiencias y se vio lo que había pasado en Argentina, en Perú.
“Nos dividimos en grupos. Uno para elaborar el proyecto, otro para divulgar la iniciativa, para contactar con políticos. Se contrató a dos abogados redactores del proyecto y fuimos avanzando”. “Somos conscientes de que el marco legal por si sólo no va a solucionar el problema. Es una de las herramientas que va a proteger al ciudadano” dice Choy.
Sobre los factores que facilitaron la consolidación de la red de 23 organizaciones, ella valora la existencia de un liderazgo muy horizontal en virtud del que fue fácil conocerse y reconocerse. Existió siempre respeto de opiniones y se facilitó así la distribución equitativa del trabajo y la mejor respuesta de los grupos.
Nos reunimos para decidir más que para debatir porque las discusiones las hacíamos por Internet que ha sido una poderosa herramienta y “demostró ser una excelente forma de comunicarnos. Esto facilita mucho porque cada vez la gente tiene menos tiempo para concurrir a reuniones”.
Existe ya un compromiso de varios parlamentarios para producir el dictamen en breve plazo y presentar el Proyecto de Ley al plenario de la Cámara de Diputados. Respecto de otro aprendizaje que deja el proceso impulsado por la sociedad civil es que las organizaciones deben animarse a incidir en políticas públicas.
“Tenemos que dejar de ser meros denunciantes, dejar de ser víctimas, abandonar el “plagueo” (gimoteo) y pasar a una gestión más propositiva. Tenemos un capital humano muy valioso y yo creo que las OSCs en un momento van a pasar a llamarse Organizaciones Privadas de Desarrollo”.
Romper el cerrojoEntendían que la pretensión de desarticular el cerrojo de “secreto de Estado” que rodea a la información que pertenece a todos, iría a colisionar contra un sector político que había utilizado durante décadas el secretismo no precisamente en beneficio de los intereses generales.
Pero si la democracia estriba en responsabilidades compartidas de gobernantes y gobernados, el principio no puede aplicarse mientras el ciudadano carezca de acceso a la información pública. Este punto de partida fue fundamental para el empuje inicial en pos de lo que parecía una quimera.
Para Mily Choy del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), una de las grandes impulsoras de la idea, valieron tres factores trascendentes para revertir aquellos temores iniciales: 1- La convicción de representantes de 23 organizaciones de la sociedad civil de estar en el rumbo correcto, 2- la existencia de un núcleo de parlamentarios conscientes de su verdadero rol y 3- la existencia de un mandato constitucional que había sido ignorado por 13 años.
La Constitución paraguaya de 1992 en su “Artículo 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE” establece: “Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectifica o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”.
Por qué no intentarlo
A fines del 2003 un experto mexicano Ernesto Villanueva, había disertado en Asunción sobre la experiencia mexicana de acceso a la información pública y surgió la inquietud de “¿por qué no intentarlo nosotros”.
Representantes de OSCs almorzaron con él y prendió la idea. Si no se podía avanzar, era el momento de instalar el tema.
“Invitamos a un grupo más amplio y todos estábamos en la misma onda, manifestábamos el mismo interés y empezamos la tarea”. La alianza de OSCs convocó a expertos de otros países que narraron sus experiencias y se vio lo que había pasado en Argentina, en Perú.
“Nos dividimos en grupos. Uno para elaborar el proyecto, otro para divulgar la iniciativa, para contactar con políticos. Se contrató a dos abogados redactores del proyecto y fuimos avanzando”. “Somos conscientes de que el marco legal por si sólo no va a solucionar el problema. Es una de las herramientas que va a proteger al ciudadano” dice Choy.
Sobre los factores que facilitaron la consolidación de la red de 23 organizaciones, ella valora la existencia de un liderazgo muy horizontal en virtud del que fue fácil conocerse y reconocerse. Existió siempre respeto de opiniones y se facilitó así la distribución equitativa del trabajo y la mejor respuesta de los grupos.
Nos reunimos para decidir más que para debatir porque las discusiones las hacíamos por Internet que ha sido una poderosa herramienta y “demostró ser una excelente forma de comunicarnos. Esto facilita mucho porque cada vez la gente tiene menos tiempo para concurrir a reuniones”.
Existe ya un compromiso de varios parlamentarios para producir el dictamen en breve plazo y presentar el Proyecto de Ley al plenario de la Cámara de Diputados. Respecto de otro aprendizaje que deja el proceso impulsado por la sociedad civil es que las organizaciones deben animarse a incidir en políticas públicas.
“Tenemos que dejar de ser meros denunciantes, dejar de ser víctimas, abandonar el “plagueo” (gimoteo) y pasar a una gestión más propositiva. Tenemos un capital humano muy valioso y yo creo que las OSCs en un momento van a pasar a llamarse Organizaciones Privadas de Desarrollo”.
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