Telaraña burocrática atrapa a Lugo y quieren bajar de 80 a 15, entes que dependen del Presidente

Unas 80 instituciones públicas –con diversas denominaciones, estructuras y envergaduras- dependen del jefe de Estado paraguayo. Si le dedicara un día a cada una, le llevaría 3 meses cerrar el tour, lo que ubica la gestión gubernativa ante un organigrama insostenible. Por ello, se busca recomponer el cuadro sobre unas 15 instituciones que a través de una estructura piramidal garantice la gobernabilidad.

Se precisa además que esa estructura cubra la amplia pluralidad de demandas ciudadanas –muchas de las cuales hoy no son atendidas- de un modo eficaz en tiempo y resultados.
En este contexto estriba la clave de los esfuerzos que se están haciendo en pos de la innovación estructural del Poder Ejecutivo, explican los ministros del nivel directivo interinstitucional en encuentros con los distintos sectores de la sociedad, en el marco de un gigantesco proceso que se lleva delante de un modo participativo.


Evitar clientelismo
Se trata de consensuar un Proyecto de Ley que luego sea estudiado en el Congreso, evitando que un ministro o presidente de ente, haga lobby para reposicionar su institución de un modo que rompa el esquema que se acuerde.
Esta visión torna trascendente el proceso participativo, transparente e inteligente que se lleva adelante, pensándose en el país como pocas veces se ha hecho en la historia nacional. Un reordenamiento como el que se plantea, no puede hacerse con frecuencia y por eso se piensa en los tres decenios próximos.
Pero tampoco se proyecta un esquema rígido intocable, sino en el establecimiento de los mecanismos que posibiliten ajustes que respondan coherentemente a una línea de acción adecuada a la clave de la gobernabilidad.

Las grandes posibilidades de consenso
Hoy ya existen grandes líneas de consenso. Ya se sabe que habría un Ministerio de Desarrollo Social y el debate estriba en qué organismos y cómo estos se incorporarán al mismo.
Se verá si se unifican, se fusionan o mantienen su perfil pero subordinados a una nueva institucionalidad. También está quedando claro que una sola entidad no se ocupará de toda la política social del país y varios sectores se han expresado a favor de una Ministerio que se responsabilice de todos los ciclos de la vida que requieran de políticas especiales y que podría corresponder a un Ministerio de la Niñez, la Juventud y las personas Adultas Mayores.
De igual forma, toma cuerpo el consenso para la existencia de un Ministerio de la Mujer, la Igualdad y la No Discriminación que sea responsable de establecer las políticas de igualdad y equidad.
Así también cobra forma la idea de un Ministerio de Economía y debe definirse cuáles entes hoy existentes se incorporarán a esa cartera que tendrá la misión de ver con un criterio orgánico y global la problemática económica y productiva del país y ya no más la suma de enfoques sectoriales descoordinados.
Otro consenso que ha ido construyéndose apunta a un Ministerio de Planificación, Administración Pública y Tecnología que se responsabilice de la visión de largo plazo para el desarrollo del país, de las líneas de cooperación internacional necesarias para desarrollar las estrategias nacionales y de la organización de los diversos aspectos de la administración pública.
Un aspecto trascendente apunta a reglamentar el funcionamiento del Consejo de Ministros, como instancia asesora y ejecutora máxima dependiente del Presidente, de modo que las políticas públicas tengan la coherencia necesaria. Del diagnóstico, surge la necesidad de organizar las tareas próximas a la Presidencia de la República a través de un Ministerio de la Presidencia.
Diferentes sectores económicos y sociales que fueron consultados y escuchados, han planteado la necesidad de un Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que se encargue de las políticas públicas de un modo más amplio y eficaz en ese campo trascendente.
Otros han planteado inquietudes respecto a los temas medioambientales, indígenas y culturales. Es así que han surgido voces planteando institucionalidades tales como un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un Ministerio de Cultura y Asuntos Indígenas y un Ministerio del Ambiente y del Agua. Otros planteamientos que están en debate son el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas y Energías.