¿Vacuna contra la fiebre amarilla como un instrumento de extorsión electoral?

Ante denuncias publicadas en la prensa acerca del uso de la vacunación contra la fiebre amarilla, como un instrumento de extorsión electoral del partido gobernante en Paraguay (en abril habrá elecciones presidenciales), organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el Fiscal General del Estado y le presentaron el siguiente pronunciamiento:

Al Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla y a la opinión pública

En una República verdaderamente democrática, los derechos civiles, sociales y económicos son Universales. En Paraguay, la aparición de focos de fiebre amarilla en zonas rurales y urbanas, y la posibilidad de una epidemia a nivel nacional, exige acciones Universales y Efectivas de parte del Gobierno Nacional. Cualquier acción o servicio público que sea Excluyente o Selectivo de sus beneficiarios – más aún en casos de una emergencia nacional como ésta-, se constituye en un grave atentado a la ciudadanía y la vida de la gente.

A la ya consabida pésima situación del sistema de salud pública, se suman denuncias de chantaje político, al que someten referentes del partido de gobierno a sus potenciales seguidores electorales, estableciendo locales “clandestinos” de vacunación en puestos de comando partidarios y casas particulares de dirigentes oficialistas. Estos privilegios diferenciales violan las garantías constitucionales de universalidad.

Esta información está presente en los medios masivos de comunicación y requiere un seguimiento por parte de las instancias correspondientes. No hacerlo constituiría una complicidad con un proceder delictivo, que involucraría a referentes del partido de gobierno.

La impunidad y la apatía no tienen cabida ante las publicaciones que han instalado el hecho en la opinión pública, especialmente el artículo publicado en la tapa del diario ABC Color, el día martes 19 de febrero de 2008, que bajo el encabezado “Proselitismo colorado con la salud del pueblo”, relata el caso de la ciudad de Limpio, donde el ex candidato a intendente de la ciudad, tenía instalado un local de vacunación particular, con las dosis inmunizadoras contra la fiebre amarilla.

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, exigimos al Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla, una investigación responsable y exhaustiva, que conduzca a la identificación y sanción de los responsables del uso indebido y discriminado de bienes públicos (con las vacunas contra la fiebre amarilla), que fuera denunciado en los últimos días. El principal responsable de la administración de las dosis es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por lo que cualquier investigación y posible castigo, debería incluir al titular de dicha cartera.

Asimismo, llamamos a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas, que aunque satisfacen una necesidad urgente e inmediata, no hacen más que violar el derecho a una salud pública sin distinciones para TODA LA CIUDADANIA.