“Somos gobierno y por qué no puedo pedir trabajo a la gente
que necesita”. Este enfoque populista expuso la senadora liberal Zulma Gómez
para tratar de justificar una actitud patrimonialista insertada profundamente
en la política paraguaya y que hace que quienes están en el gobierno se
consideren con derecho a manejar la cosa pública de un modo corporativo. Vale
decir, en función de los intereses del partido de gobierno.
Es una inmoralidad que está penada por Ley desde la óptica
del tráfico de ifluencias y desde la perspectiva de que el Estado no es una agencia
de colocación de correligionarios necesitados. El Estado ciertamente contrata
personas pero en función de sus necesidades específicas y en base a un concurso
que determina quién es el más apto para ocupar un cargo, más allá del color del
pañuelo que una persona hace revolotear en las reuniones partidarias.Ha sido un vicio político el contratar a personas para luego ver qué hacer con ellas. Se privilegia así la conformación de un electorado asalariado que decide luego el gobierno que administrará el país sin importarle su plataforma sino que priorizando su salario que termina siendo un soborno político.
Es inmoral por donde se lo mire porque ni el Estado puede mejorar sus prestaciones de ese modo y se crea una carga superflua sobre la masa contribuyente a la que se le obliga pagar por servicios que no recibe o a mantener un aparato ineficiente, ineficaz y paquidérmico. Se dilapidan fortunas en soborno y no en educación o salud cuando más se necesita que el dinero público se oriente a estos dos sectores trascendentes.
Que el electorado perciba claramente las propuestas que tiene en frente, para decidir en las próximas elecciones, el camino que desea para la nación.
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