Contratar abogados con enemistades o parentezcos con fiscales y jueces juzgadores de la corupción para lograr sacarlos del camino mientras en el otro frente se procede a la compra de conciencias para destruir pruebas y papeles comprometedores, se ha convertido en un vergonzoso procedimiento ante el que la sociedad comienza a inquietarse seriamente.
Cuando Nicanor Duarte Frutos pisoteó la Constitución para candidatarse a senador, siendo Presidente de la República e inconstitucionalmente, Presidente del Partido Colorado, no lo hacía por su acendrado amor a la Patria. Actuaba con el propósito de mantenerse en el poder a como de lugar para protegerse de los tentáculos de la Ley que lo van a seguir persiguiendo. Estamos ante la política al servicio del enriquecimiento ilícito.
Del mismo modo actuaron otros hombres oscuros con manchas de latrocinio como Víctor Bernal -ex director de Itaipú- que hoy aún es senador. Vale decir, sigue cobrando dinero del Estado para usarlo en financiar parte de su defensa.
Para quienes consideramos que los corruptos están logrando su propósito de demorar los pasos por la vía de incidentar la acción judicial, crece la preocupación porque está claro que las leyes fueron estructuradas para favorecer el bandidaje más que para facilitar la gestión de la Justicia.
¿Y qué están haciendo para gambetear a los jueces? Sencillamente se dedican a contratar abogados que tienen enemistad o alguna causal de inhibición de jueces o fiscales para apartar a los juzgadores e investigadores, de su camino. Una de las consignas es apartar al Fiscal Arnaldo Giuzzio.
Este procedimiento que es usado escandalosamente a la vista de todos, debe tener algun punto final porque a lo que tiende es a prolongar indefinidamente el juego perverso mientras las pruebas de sus fraudes van desapareciendo por quema, robo o lo que fuere y esos actos tramposos son financiados con dinero público robado y que engrosó sus billeteras.
Cuando se quemaron papeles comprometedores en Itaipú el fin de semana pasado, estaba la mano negra de quienes han tomado el largo camino de la cárcel pero utilizan su poder y el dinero escamoteado a la República, para prolongar y hacer tortuoso el sendero que los conducirá a la celda y que necesariamente deben tomar.
Penoso, triste y lamentable.
Qué defensas tiene la sociedad decente contra quienes asumieron gestiones gubernativas y desde ahí se dedicaron a robar y enriquecerse.
Llegó el momento de hacer presión ciudadana para que se acabe la seguidilla de recusaciones y y maniobras de interferencia a la acción de la Justicia. No sea que terminen venciendo los plazos y nos encontremos con que los bandidos terminen diciéndonos sonrientes y como parte de una burla cruel:
“A los que me denostaron les decimos que hemos salido airosos del juicio al qué me ha sometido el más riguroso de los jueces. Nuestra propia conciencia”
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