Funcionarios de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y miembros de las ONGs CERI (Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios) y de la WWF (World Wild Fund) participaron de una manifestación pacífica para solicitar a la Cámara de Senadores del Congreso Nacional la prórroga por 5 años más de la aplicación de la Ley 2.524, conocida como la Ley de "Deforestación Cero". Se considera aceptable que si hay sanciones para los que destruyen existan premios para los que preservan.
Esta Ley se encuentra vigente desde hace 2 años y fenece el próximo 13 de diciembre. Durante su implementación se logró una reducción de hasta el 90% de la tasa de deforestación en la región Oriental. Anteriormente se daban cifras que superaban las 180.000 hectáreas por año, mientras que durante la aplicación de esta normativa nose superaron las 21.000 hectáreas por año.
La prórroga de la vigencia de este instrumento, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y ahora en el Senado, se dilata y posterga su tratamiento. El instrumento circula y da vueltas por las distintas comisiones, con el presunto propósito de analizar mejor su aprobación. Este jueves 6 de noviembre se tendrá la tercera oportunidad de aprobación.
El país logró además, por su éxito de la aplicación de esta Ley, la obtención de un premio y reconocimiento a nivel internacional por parte de la WWF, organización conservacionista más importante a nivel mundial.
Durante la manifestación, se recordaron los trabajos de control, fiscalización e intervención a nivel interinstitucional que lograron combatir la deforestación en la región oriental, con la realización del operativo soberanía en zonas fronterizas especialmente donde se procedió a la destrucción de hornos de producción de carbón y al desmantelamiento de aserraderos que funcionaban hace más de 30 años, en la ilegalidad.
Castigo al que destruye, premio al que cuida
Por último, se debatió la modificación en uno de los artículos de la citada Ley, que contempla una compensación económica para aquellos propietarios que mantienen más del 25% del área boscosa dentro de sus establecimientos.
Los participantes consideraron muy positivo que los fondos para dicha compensación provengan de multas a aquellos propietarios que no mantienen ese porcentaje de bosques en su propiedad. Hubo reproches hacia los representantes de muchas ONGs denominadas “ambientalistas” que no se plegaron a la manifestación pacífica.
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