martes, octubre 13, 2009

A ver: Lo acusan públicamente de ser un gangster y responde que sólo quieren desprestigiar al gobierno

El Jefe de Gabinete del Presidente Fernando Lugo, Miguel López Perito (foto) es denunciado públicamente por perpetrar “una tragada” lo que en buen romance significa estafa, robo de unos U$ 20 millones, en base a una maniobra de sobrefacturación de tierras que va a comprar el Estado paraguayo y lo máximo que hemos leído o escuchado hasta ahora en su descargo: “Es una campaña orquestada, malintencionada, dirigida para desprestigiar al gobierno”.

Pongámoslo de un modo más claro: Quien ejerce de mano derecha del Presidente de la República es presentado abiertamente a la opinión pública como un bandido, un gangster que está usando su situación cercana al poder para sacar provecho ilegítimo y escamotear dinero del contribuyente.
En suma, lo acusan de perpetrar una estafa con muchos agravantes que devienen de su posición privilegiada al pertenecer al círculo áulico paraguayo.
Si cualquiera de los ciudadanos somos presentados a la opinión pública de un modo tan escandalosamente bucaneros, sin que exista una sola razón para tal golpe descomunal a nuestra imagen pública, no nos contentaríamos con expresar simplemente: “Esto demuestra que hay una actitud descalificadora de sectores que no quieren que se solucione el tema campesino”.
Cualquiera de nosotros enviaría inmediatamente a un escribano junto al director de los medios que publican una acusación así para que se rectifiquen o ratifiquen y advertirles que en defensa de nuestros derechos los vamos a querellar y pedir resarcimiento por daños por un monto por lo menos equivalente a los U$ 20 millones, presunto valor de la estafa que dicen que en este caso López Perito está perpetrando.
Pero tal reacción no ocurre a pesar de que tímidamente se publicó que el afectado de tan estrepitosas acusaciones, no descarta recurrir a la Justicia más adelante y siguen expresiones del tipo: “De la gente ignorante y malintencionada no espero ningún juicio” o “hay transparencia total en la compra de tierras”.

Alguien tendrá que ir a la cárcel
Lo que se ha instalado en la opinión pública es que nos encontramos ante un caso que no se debe abandonar y por el contrario, ser profundamente investigado y totalmente esclarecido. Nos queda claro que al final se irá a la cárcel el denunciante o el denunciado.
Alguien debe terminar entre rejas para que podamos creer en las instituciones. No hay otra salida posible.

No hay comentarios:

Publicar un comentario