El Congreso peruano ha aprobado una polémica ley que aumenta el control sobre las ONG. Ocurre que organizan el control social de la gestión política lo que no agrada para nada a los gobernantes. Un hecho similar se temió en Paraguay cuando se estudió la Ley de Adecuación Fiscal. Es bueno tener presente la experiencia peruana y otras más para saber cómo actuar cuando llegue la ocasión.
El matutino español El Mundo, publicó que la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de España (CONGDE) dice que la normativa peruana modifica las atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y puede suponer "un límite a la acción y a la autonomía" de las ONG que trabajan en el país.
La CONGDE considera que, mediante esta reforma, la APCI podrá vetar aquellas actuaciones o proyectos que, en su opinión, no se ajusten a las prioridades de la cooperación técnica que fije la Administración Pública.
También teme que pueda servir para acallar o perseguir a personas y asociaciones civiles que cuestionen o denuncien irregularidades en la gestión del Estado, ineficacia de algunas políticas públicas o violación de derechos humanos.
Aunque el Gobierno de Alan García afirma que esta nueva ley contribuirá a la transparencia de las organizaciones, su aprobación ha provocado un rechazo generalizado en el sector. Además de la ACPI y las propias ONG locales, el Comité Mundial de la Libertad de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en contra de una iniciativa que puede afectar gravemente a las ONG, ya que el gobierno podrá intervenir de forma discrecional en las actividades de entidades privadas que trabajan en la cooperación al desarrollo.
ONG, testigos incómodos
Actualmente, 48 ONG españolas realizan su labor en Perú. El presidente de la Coordinadora, José María Medina, afirma que "las ONG ocupan espacios de actuación claramente diferenciados respecto del aparato estatal y del mercado. Dentro de su campo de trabajo deben tener libertad para desarrollar la búsqueda y propuesta de soluciones a los conflictos de intereses que se producen en el escenario social, político y económico, así como para ejercer una sana función de control social sobre las instituciones públicas".
El intento de controlar la actividad de las ONG no es privativo de Perú. Recientemente, Rusia aprobó una ley que, entre otras cosas, establece su inscripción en un registro oficial, que será inspeccionado por el Kremlin, y que provocó las críticas de numerosos organismos internacionales, incluido el Consejo de Europa.
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