Yo no soy abogado pero recuerdo que tras el primer juicio que se interrumpió luego de concluir y cuando se leían las condenas porque una turba de víctimas del incendio, descontentas con las penas que se estaban dando a los acusados, atropellaron y violentaron el acto, hubo abogados que advirtieron claramente que no era esa la manera en que debería procederse.
Nadie, por más descontento que esté con una condena, puede simplemente a sillazos y a golpes invalidar el juicio y reiniciar otro. Hay códigos de procedimientos, leyes y normas que establecen las modalidades para pelear por lo que uno cree justo.
Hay instancias de apelación y de recusaciones y otras opciones para que dentro del marco de la ley, el litigio sea llevado por las partes. Pero no, por presión ciudadana cargada de emocionalismos y con el respaldo de la prensa, las autoridades judiciales no supieron manejar la presión y en vez de sugerir que se siguieran los circuitos legales, anularon el primer juicio y reinstalaron un segundo juicio.
Los abogados defensores de los acusados por el siniestro, se frotaron las manos y dejaron que las cosas siguieran su mal curso y llegado el momento, solicitaron la anulación del proceso porque las leyes vigentes establecen claramente que un mismo caso no puede ser juzgado dos veces. Eso no está permitido, no cabe porque la ley es sabia.
Imagínense si con lanzamiento de sillas y golpes vamos a encarar la administración de justicia hasta que ella satisfaga nuestras expectativas y así si un primer juicio no nos gusta, hacemos un segundo u otro hasta que más o menos los resultados nos gusten.
Pero se actuó de un modo emotivo e irracional y nos sorprende que los abogados acusadores se callaran a sabiendas de que las cosas habían tomado un rumbo inaceptable para las leyes vigentes en el país. Creyeron que políticamente era viable pisotear las normas y con lata parará (presión con pitos y tambores) alcanzar un resultado aceptable para sus clientes.
Lo concreto es que la seguidilla de errores fueron sabiamente aprovechados por los abogados defensores que han argumentado en favor de sus defendidos con las leyes en las manos.
Es entendible que la ciudadanía que no conoce los canales de funcionamiento correcto de la justicia exteriorice su indignación porque los enjuiciados por el incendio que mató a cerca de 400 personas no han sido aún condenados, circulan libremente y que digan que en el Paraguay no hay justicia o que la justicia es corrupta y defiende a los ricos.
Tienen razón en cuanto a que la justicia paraguaya es morosa y corrupta pero en este caso específico, que los acusados no tengan condena y estén libres es consecuencia de la ensalada de errores cometidos fuera de los procedimientos legales establecidos y que curiosa y sorprendentemente los abogados acusadores obviaron y alguna vez van a tener que responder por sus errores.
Y aquí también hay una complicidad de la prensa que calló, ocultó, minimizó los errores y simplemente se dedicó a explotar el lado lacrimógeno y sentimental del tema como si se tratara de un “Big Brother” real.
Los hechos objetivos indican que no será posible ejecutar una condena porque lo que ha ocurrido, es causal de anulación del proceso. Como si todo fuera poco, el Presidente de la República Fernando Lugo, viene a agregarle su cuota de invalidación al violar normas constitucionales y crear nuevas condiciones adicionales favorables a los acusados para que pidan la anulación de todo el proceso por irregular intervención presidencial en cuestiones judiciales que no le competen y que el Presidente tiene prohibido hacerlo por la propia Constitución Nacional en su artículo 248°.
Una bola de fuego que seguirá quemando
Para las autoridades judiciales esta es una bola de fuego que les quema y les va a seguir quemando. Ha vencido el plazo para que tomen una decisión y no lo han podido hacer o mejor no lo han querido hacer porque inevitablemente la decisión va a crear un estado de impotencia y de insatisfacción pero eso es inevitable por el curso irregular, irracional y alocado que tomó todo el caso.
Entonces, las autoridades judiciales decidieron postergar por un año el plazo para expedirse y uno se pregunta ante los hechos objetivos inevitables que hemos planteado en este artículo ¿qué podrán hacer en un año?
Lo que se nos ocurre es que en doce meses, tratarán de enfriar y calmar el ambiente y prepararlo para que cuando den a conocer la decisión, ella sobrevenga en un escenario más calmado y más propenso a la resignación.
¿Y quien es el culpable de que todo esto haya acontecido?
Estamos ante un caso difícil pero mi visión y mi manera de entender, con las limitaciones que tengo para interpretar el asunto en su amplitud y enorme complejidad, me dicen que a la cabeza de la culpabilidad están los abogados acusadores y el periodismo paraguayo.
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