No habrá pataleo ciudadano porque no existe un estado de movilización en ese frente, los medios no van a sentirse heridos porque el esquema actual les favorece debido a que acceden a la información pública que luego nos venden, el sector político está muy cómodo sin obligaciones perentorias para rendir cuentas a la sociedad. Este es el contexto en el que el senado resolvió ayer rechazar el instrumento con media sanción de Diputados que establece un marco de libre acceso a la información pública y que reclamenta el Art. 28 de la Constitución Nacional. Y este es el contexto por el que la sociedad civil piensa cada vez con mayor fuerza en catapultar a Monseñor Fernando Lugo a la primera magistratura de la nación porque si los políticos no dan las respuestas que la ciudadanía espera, hay que buscar opciones, fuera de los políticos.
El documento que ayer fue rechazado por la Cámara de Senmadores, vuelve a la cámara de orígen en donde si no tiene 41 votos (la mitad más uno de los diputados, no de los presentes solamente) dormirá el sueño de los justos. Vana ilusión es pretender que un instrumento que tiene el sello de "interés ciudadano" se gradue automáticamente de prioritario por parte de los representantes de la ciudadanía.
Y luego del rechazo hay decepciones. No todo está acabado pero este será tiempo de autocríticas en las organizaciones de la sociedad civil que conformaron el grupo impulsor de la Ley de Acceso a la Información Pública. Que no se hizo suficiente lobby, que no se visitó a las bancadas, que no se plantearon reuniones con las cúpulas políticas que no se organizaron huelgas de hambre que nadie se encadenó a los pilares del Congreso para llamar la atención.
Fijense en lo que estamos diciendo. Para que escuchen la voz de la gente, hay que sacar los tractores a las rutas, organizar una "marea amarilla" que bloquea con taxis las calles de la ciudad, derramar leche en las calles o crucificarse como también ya lo han hecho. Un industrial ya se manifestó una vez marchando ataviado sólo con un barril que le cubría el cuerpo.
Es un contrasentido. Lo que le interesa a la ciudadanía, no es prioridad política. La agenda ciudadana, no interesa. Mucho menos cuando se plantea una legislación que obliga al poder político a rendir cuentas. Una legislación así, merece el rechazo.
El Nuncio dijo que no hay liderazgos en los partidos políticos. Hay líderes pero el problema radica en que generalmente están comprometidos con intereses que no son los que interesan a las mayorías.
Hace 14 años, los convencionales constituyentes encomendaron a los parlamentarios la reglamentgación del Artículo 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE, que reza:
Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios.
Y acontece lo que señalabamos al principio. Si los gobernantes electos no responden a las expectativas, la ciudadanía termina pensando en nuevos liderazgos. Algunas encuestas que se hicieron y que están circulando, señalan que Monsejor Fernando Lugo tiene alrededor del 80% de aceptación y no aparecen en esas encuestas, figuras que puedan disputarle el beneplácito ciudadano.
Luego del rechazo de ayer, en un amplio sector de la sociedad que impulsó la aprobación de la ley de Acceso a la Información Pública, se posicionó o se fortaleció la creencia de que Lugo es la opción para producir los cambios que la nación necesita.
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