Aniversario de la Jura: Desde la Constitución podemos construir un país con más derechos

Al celebrarse el 14° aniversario de la Jura de la Constitución Nacional, DECIDAMOS, emitió un pronunciamiento sobre la significación de ese hecho y los riesgos que los paraguayos hoy enfrentamos por parte de sectores poderosos que intentan manipular una reforma que no intenta beneficiar a todos sino posicionar mejor a pocos. Por considerarlo de interés colectivo, transcribimos talmente el comunicado:
Desde el 20 de junio de 1992, los paraguayos y paraguayas tenemos la Constitución Nacional más democratica y participativa de su historia que ha sentado las bases de una República Democrática, garantizando una amplia gama de derechos inexistentes hasta ese momento, tales como los derechos de la mujer, el reconocimiento de la cultura, de los pueblos indígenas, la libertad de reunión y de manifestación, el derecho de objeción de conciencia y la incorporación de principios y fines democráticos dentro del sistema educativo.
La Constituyente fue un espacio privilegiado de debate y pacto social nacional donde los distintos partidos se esforzaron por llevar a sus mejores juristas e intelectuales y la participación ciudadana se amplió gracias a un sostenido cabildeo de organizaciones sociales (mujeres, personas discapacitadas, jóvenes por la objeción de conciencia, sindicatos de trabajadores, ambientalistas, pueblos indígenas) con las distintas bancadas. El resultado fue una Constitución que establecía marcos mínimos, derechos y garantías suficientes para desarrollar una democracia de calidad y avanzar hacia un desarrollo social integral. Ciertamente en estos años, desde su puesta en práctica, hay instituciones creadas por la Carta Magna que están siendo cuestionadas (por ejemplo el Consejo de Magistratura, la obligatoriedad del voto directo para todos los organismos con autoridades plurinominales, etc.) desde la perspectiva de su utilidad institucional o política.
Otros artículos lo fueron ya desde su inclusión, como el pago previo de las expropiaciones de tierras (que para las organizaciones campesinas constituyó un retroceso respecto a las Constituciones del ’40 y del ’67), la indefinición institucional entre un sistema presidencialista o parlamentarista (que generaría estériles fricciones entre ambos poderes) o la obligatoriedad del servicio militar (verdadera forma moderna de esclavitud rechazada masivamente por los jóvenes).
Y es de lamentar que otras instituciones como la Defensoría del Pueblo tardaron años en ser implementadas o vaciadas de contenido, o que el capítulo sobre Pueblos indígenas –ejemplar en la legislación de América Latina- no haya posibilitado un desarrollo sustancial de estas poblaciones originarias.
Pero es indudable que esta Carta Magna sentó las bases para una República Democrática y garantizó una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales inexistentes hasta ese momento.
Las dificultades para la vigencia de dichos derechos y el correcto funcionamiento de las instituciones diseñadas se han debido, en buena parte, a la deficiente práctica política y a la tergiversación de la letra y el espíritu Constitucional por parte de diversos actores políticos y sociales.
A 14 años de su vigencia, hoy, sectores políticos y económicos de poder pretenden impulsar una reforma o enmienda de la Carta Magna que no responde a la necesidad de mejorar el orden constitucional existente en sus falencias, sino al propósito del actual presidente, y al de varios gobernadores, de ser reelectos en el 2008.
Como DECIDAMOS tememos que con los pretextos señalados, se aproveche una nueva Constituyente para derogar derechos y garantías establecidas en la Constitución de 1992. Especialmente que se quiera dar fin al “Estado Social de Derecho” actual, retrocediendo a un orden jurídico mucho más favorable a ciertos sectores nacionales ya de por si privilegiados.
Con la actual tendencia de manipular las formas democráticas para que éstas no modifiquen los grandes temas nacionales como la exclusión social o la desigualdad, se vuelve quimérico pensar que una reforma constitucional va a favorecer la profundización de la democracia, en sus aspectos sociales y participativos.
Por lo tanto, no estamos en un momento social y político de debate nacional favorable para realizar cambios pactados de la Carta Magna, ya que los intereses en juego son sectoriales y personalistas más que generales e incluyentes.
Ante esta realidad, la ciudadanía debe permanecer alerta para ejercer la defensa de la institucionalidad democrática y de derechos consagrados como fundamentales herramientas para exigir una mejor calidad de vida para todos los habitantes del país. Como DECIDAMOS nos mantendremos vigilantes y coordinados con otras organizaciones ciudadanas no sólo para evitar retrocesos institucionales derivadas de una iniciativa de modificación constitucional sino también para profundizar el actual Estado social de Derecho, que sigue siendo una realidad negada para la mayoría de la población. Lea el texto completo>>