jueves, junio 01, 2006

Ambiente: Casos monitoreados por Observatorio de Impunidad envuelven a funcionarios públicos

A partir del lanzamiento oficial del Observatorio de la Impunidad Ambiental el 5 de mayo pasado, comenzaron los procesos de monitoreo de 12 casos considerados emblemáticos y que tienen en común el procesamiento a funcionarios públicos por hechos punibles contra el ambiente.

El Observatorio es un proyecto del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). Desde este espacio se pretende alzar un lugar de control y seguimiento de casos de presunta corrupción ambiental, abriendo a la ciudadanía en general el acceso a estas informaciones, lo que posibilitará a la misma ejercer un rol contralor de sus instituciones. La totalidad de los casos se encuentran en la página web del IDEA
Existe una novedad en el caso número 3, que es la causa Miguel Paredes Fassino y otros s/ violación a la ley 716/96, año 2004. La jueza María Griselda Caballero, de la etapa intermedia, resolvió la semana pasada elevar la causa a juicio oral y público. Los acusados por la fiscala ambiental María Bernarda Alvarez son Miguel Angel Paredes, ex–Ministro de la Secretaría del Ambiente, y los biólogos Wilfredo Sosa, Martha Motte Paredes, Nora Neris de Colmán e Isabel Daría Gamarra, por la violación de la legislación que sanciona delitos contra el medio ambiente, entre ellas las leyes 716/96 y 96/92.
La fiscala también los acusó de prevaricato, por su condición de funcionarios o autoridades públicas en el momento en que habrían cometido los delitos.
En el año 2002, la SEAM habría implementado un proyecto de cacería sustentable con la finalidad de permitir a las comunidades chamacoco del Alto Paraguay la caza de especies como el yacaré, curiyú y carpinchos. Sin embargo, según la fiscala, la autorización se habría hecho sin estudios que garanticen la protección a la fauna silvestre, en contraposición a las recomendaciones de la Convención Internacional de Tráfico de Especies Silvestres (CITES) que regulan el comercio de las pieles de origen silvestre.
La autorización desencadenó un descontrol en la cacería y la venta irregular de pieles silvestres. Los abogados defensores de los acusados solicitaron sobreseimiento de sus defendidos.

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