lunes, junio 12, 2006

Coimas en Paraguay: Según Transparencia 641 mil ciudadanos pagaron US$ 31,5 millones

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Unos 641 mil ciudadanos paraguayos pagaron el año pasado más de 31,5 millones de dólares en coimas y se declararon pesimistas con relación a la real posibilidad de que las instituciones públicas responsables de llevar a cabo la lucha contra la corrupción, lo hagan efectivamente en el futuro próximo. Concienciación, Pesimismo y Resignación fueron las tres palabras resaltantes en la muestra recientemente divulgada por Transparencia Internacional, capítulo paraguayo.

En su relación con la administración pública un ciudadano de cada cuatro que realizó un trámite durante el 2005 tuvo que pagar una coima para conseguir que éste se finiquitara exitosamente. El capítulo paraguayo de Transparencia Internacional, presentó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Corrupción 2005.
La misma fue realizada a 1208 ciudadanos paraguayos y paraguayas de las áreas urbanas y rurales del país. El equipo que elaboró el mencionado informe estuvo conformado por técnicos de TP y el Instituto de Comunicación y Arte (ICA).
Tres palabras claves para resumir la encuesta: Concienciación, porque en esta ocasión los ciudadanos demostraron haber adquirido mayor conocimiento sobre qué es la corrupción, su funcionamiento y repercusión sobre la sociedad. Así observamos que el tema de la corrupción y las coimas como problema principal del país crecen en relevancia en la percepción ciudadana, puesto que este año alcanzan el 29,4% de las menciones, frente al 23,5% registrado en el 2004.
Pesimismo, respecto a la real posibilidad de que las instituciones públicas responsables de llevar a cabo la lucha contra la corrupción, lo hagan efectivamente en el futuro próximo. En su relación con la administración pública un ciudadano de cada cuatro que realizó un trámite durante el 2005 tuvo que pagar una coima para conseguir que éste se finiquitara exitosamente.
Resignación, frente a la necesidad de tener que convivir forzosamente con una realidad en la cual conseguir realizar un trámite o recibir un servicio público resulta posible solo pagando una coima.
Transparencia Paraguay advierte que esta realidad de la corrupción amenaza con socavar los cimientos de la incipiente democracia paraguaya, puesto que atenta contra la igualdad de la cual deben gozar todos los ciudadanos en su relación con la administración pública, esto al generar exclusión en relación a derechos fundamentales como la salud, la educación y el acceso a la justicia que son alcanzados únicamente por aquellos que pueden pagar las “coimas”. Esta situación debe ser combatida con hechos concretos para lograr el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en beneficio de la mayoría y no de unos pocos privilegiados.
“La tendencia que tenemos se viene repitiendo año, tras año; esta encuesta de opinión es de la ciudadanía, no de Transparencia Paraguay y esta dando resultados que cruzando con otras encuestas, son los mismos, y no sólo a nivel nacional, también internacionalmente”, señaló la titular de TP, María del Pilar Callizo.
El estudio a su vez, revela los resultados sobre el nivel de tolerancia a actos de corrupción, así también el nivel de rechazo, definición de la palabra coima, donde se denuncian los casos de corrupción, por qué el ciudadano no denuncia el caso de corrupción, además de la percepción de las personas con relación a las posibilidades de sobornar a alguien para conseguir beneficio o favor en la Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerios, Fiscalía General de la Republica, Parlamento, entre otros.

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3 comentarios:

  1. Hans Otto Kroeger K.5/04/2007 9:28 a. m.

    La corrupción se presenta más grave en la administración de justicia (Poder Judicial y Ministerio Público). Particularmente grave está la situación en la justicia penal, en donde todos los plazos legales relativos a las obligacioens de los funcionarios públicos son consdierados inexistentes por los jueces, quiénes no actúan mientras no se les moje la mano. Lo mismo ocurre en las fiscalías; Después del absurdo Acuerdo y Sentencia dictada por la Suprema Corte de "Justicia", (632 de 05 de Oct. de 2001) donde pretende que inicio de procedimiento no es igual a inicio de procedimiento.
    Ahora el Ministerio Público, a consecuencia de ello, retarda toda la investigación hasta que se presente el interesado a rendir tributo (pagar coima, abriéndose el camino a la corrupción absoluta.
    Lo peor es que no hay en donde denunciar la corrupción judicial (y fiscal): Si se denuncia ante el M.P., éste sencillamente no investiga lo denunciado, ni imputa. Si se denuncia ante el Inspector General (MP), o Superintendente (CSJ), dejan pasar los dos meses del sumario, y archivan la causa. El jurado de enjuiciamiento desestima las denuncias bajo argumento de que "no es órgano revisor de sentencias", u otras excusas tan absurdas como estas, y luego impone costas al denunciante.
    De manera que al ciudadano paraguayo sólo resta el camino de seguir coimeando.
    Hace diez años estoy luchando contra ésta corrupción, y lo único que logré hasta ahora, es que todos los jueces y fiscales del Alto Paraná se inhiben de mí, y que se me persiga penalmente por supuestos hechos de resistencia y "delito contra la ley de fueros".
    Y la corrupción sigue peor.

    Hans Otto Kroeger Kaethler
    hokroger@yahoo.com

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  2. Y España

    JUICIO GRAN TIBIDABO

    SENTENCIA TRES AÑOS



    Rafael del Barco Carreras



    Si hace veinticinco años, 1983, después de los tres años de prisión preventiva por el caso Consorcio de la Zona Franca, me convencí que lo visto en las películas y mi culturilla por estudios bancarios y experiencias en el campo del Derecho, por mi profesión de empresario, nada tenían que ver con la realidad de la JUSTICIA EN ESPAÑA, pasados estos veintiocho años la situación aun me parece peor. Lo del “cachondeo” del Alcalde de Jerez es de párvulos. Y esta semana, si no había bastante con una taza, DOS, De la Rosa sale casi de rositas y con 30.000 MIL MILLONES para él y sus “cómplices” (que no son el resto de acusados), y sus ex socios LOS ALBERTOS, consiguen consolidar otra estafa de varios miles de millones de los 90 sin ni siquiera pisar prisión, y la pregunta sería ¿Cuánto dinero les ha costado?.

    Ya no es que los jueces, fiscales o secretarios sean o no decentes, es que el Sistema es una pura degeneración histórica. Diría que la DICTADURA DEL FUNCIONARIADO durante todos los siglos de historia de nuestro País ha adaptado el Derecho Romano y los Códigos Napoleónicos al total albedrío de unos cuerpos funcionariales y de una profesión imposibilitando cualquier acercamiento al Liberalismo Democrático. El “vosotros hacer las LEYES, que yo redactaré los REGLAMENTOS”, y los “reglamentos” encajan como un guante a los “profesionales del Derecho y la Justicia”.

    Ya no es ni culpa de nadie, este engendro que entre corruptos y de “buena fe” permite que un CASO se pierda durante CATORCE AÑOS y que llegado el momento unos pactos escenifiquen una farsa donde parece que se juzgue GRAN TIBIDABO, y lo que se oyen son sandeces de si ha debido pagar unas cantidades o no a la HACIENDA PÚBLICA, no es que sea un cachondeo, es simplemente una injuria no solo a las víctimas estafadas sino a la SOCIEDAD, a la que de entrada le dicen que un reducido número de profesionales, los abogados y fiscalía, han pactado. O sea, las diferentes reformas posfranquistas no solo se lo han puesto más fácil a los profesionales del Derecho y la Justicia, pareciendo que la democratizaban a la altura de lo exigido por los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, sino que han convertido en ridículas aquellas mil o cinco mil pesetas entre escritos de los tiempos de Franco, generalizadas y consentidas.

    Pero no es eso lo peor. La adaptación de un sistema impresentable solo ha complicado el panorama. Unas pocas consideraciones tópicas. El DOLO no existía, la voluntad o no de delinquir la decidían los jueces. Cualquiera era culpable si no demostraba la inocencia. La presunción de inocencia, otra entelequia. El ingreso en prisión sin argumentar. La prisión preventiva ilimitada. Nada de “vistillas” reconsiderando el recurso al auto de prisión. Jueces especiales, nombrados a dedo para casos concretos. El juez que instruía o la Sala que decidía los recursos juzgaban, el “yo me lo guiso y me lo como”. El DESACATO base de toda ARBITRARIEDAD, y por tanto prepotente injusticia. El derecho al “silencio” o no declarar contra si mismo, no existía, y se interpretaría a favor o en contra a criterio del juez. Incluso los obligados libros registros de entrada, inexistentes. Como gran concesión, se ha ampliado el poder del TRIBUNAL SUPREMO sobre la SOBERANÍA TOTAL de la Sala de Justicia convirtiendo la llamada ÍNTIMA CONVICCIÓN en prueba irrebatible. Un recurso, el de casación ante el Supremo, lejos de la obligada SEGUNDA INSTANCIA de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, que por ello ya ha condenado a España. Y ni comentario sobre la Ley de Vagos y Maleantes, donde tanto pobre diablo, y no tan pobre, pagó por lo que no había hecho. Si por si solas estas deficiencias jurídicas, por llamarlas suavemente, no anulan cualquier sentencia dictada a su amparo, solo se debe al empecinamiento de un Sistema Injusto para continuar en el machito del Poder. “Los errores antiguos dejan en pos, por desgracia, huellas del pasado”, decía un maestro del Derecho, y entre las huellas y la corrupción, la Justicia Española es un desastre. Y nadie quiere hincarle el diente.

    En España no tiene predicamento lo de generalizar los Jurados, ni siquiera MIXTOS, transformando los jueces en árbitros y técnicos, y menos desmontar la burocrática institución de la Fiscalía, eligiendo por votación entre profesionales del Derecho a quienes deban defender al Pueblo y la Ley, y que por cierto las nuevas leyes democráticas les ha convertido en decisorios por pactos en el 45% de los casos MENORES, en este caso MAYORES. El Pueblo Español en esto, y más, demuestra su histórica sumisión y hasta miedo al Poder, y sus políticos, mayoría abogados, que tanta saliva gastan con la palabra DEMOCRACIA no tienen absoluta voluntad de enderezar sumisiones tan aceptadas, como tampoco las tienen de suprimir listas cerradas y cotos impermeables.

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  3. LA TAPADERA... BUFETE PIQUÉ VIDAL
    Barcelona, España



    Rafael del Barco Carreras



    Me repito. El tema es infinito. Leí la famosa novela sobre un Bufete de aspecto “legal” pero de y para la Mafia, precisamente en La Modelo. Quien me la regalaba sabía el porqué y cómo de mis desgracias. Pero ni a mis íntimos ni a los periodistas que compararon el Bufete Piqué Vidal con “LA TAPADERA” no les argumenté entonces que “no era aquello”. El Bufete no defendía ni blanqueaba para mafiosos, era en si mismo LA MAFIA, tal como surge del SISTEMA ESPAÑOL. Nuestra Tapadera y decenas de Tapaderas no trabajan para mafiosos, son los mafiosos. Ellos y SUS jueces, secretarios, inspectores de Hacienda, de Trabajo, policías, fiscales, y políticos.

    Y en nuestras Tapaderas nunca surge un Tom Cruise. Es imposible, los del primer escalón no se enteran de nada, llenan papeles, becarios o recién licenciados, casi gratis, y gastando suela por los pasillos de los Palacios de Justicia, y los que “ascienden” son hijos, sobrinos, y hasta pillados y condenados que el Bufete contratará una vez descubiertos, o limpios jubilados, aunque “toda Barcelona” sepa de su perversión. Pero que duda cabe que de los hasta CIEN PROFESIONALES, y 35 bufetes asociados en IBERFORO, los hubo no solo sabedores (“Lo sabía toda Barcelona”), sino partícipes, incluso aportando sus “amistades” y su sabiduría. Y si el secretario, Antoni Piñol, por su libro “La toga manchada de Piqué Vidal”, nos demuestra que la mano derecha del jefe no sabía lo que hacía su izquierda, tuvo varias “manos derechas” participando de un proceso delictivo aunque solo fuera por “explotar” a su amistades oficiales. Ante el clamor y denuncias muchos profesionales se despidieron, alguno clamando por su honorabilidad, pero nadie de su entorno denunciaría, absolutamente nadie.

    Seguro que el joven abogado Javier Selva Prieto, del Bufete, que me acompañara y “asesorara” en mi primera cita con el policía Justo Aguilera (ver www.lagrancorrupcion.com), actuaba de buena fe, pero también seguro que su padre el magistrado Julio Selva Ramos sabía de la especial filosofía del Bufete, con intensos rumores por el Palacio de Justicia sobre “maletines”.

    Y el propio Piqué Vidal cayó porque el amoral por antonomasia, los hay otros, Pascual Estevill, debió soñar que parapetándose tras él se salvaría. Y a considerar lo de la Audiencia Nacional, la DEA Americana insistiendo, por el blanqueo de 2.000 kg. de cocaína. Nadie de Barcelona le señala, nadie se atreve. Sus archivos abarcan la flor y nata de la Ciudad, y aun con órdenes de Madrid solo se le detendrá unas horas.

    Cuando leí que el Consulado Chino le nombraba su bufete de referencia dudé entre temer por los chinos o por el Bufete, en teoría y dado el oscurantismo de la comunidad china elegían un buen enderezador de ilegalidades, pero le aconsejaría a Piqué Vidal que se olvidara de su habitual y frailuno doble y triple juego. Los que conocí en prisión tenían menos paciencia que los mafiosos italianos o sudamericanos, a los que no les valían tonterías, si habían pagado un montón de millones en negro para librarse hasta de muertos, la libertad era obligada.

    La Tapadera desaparece como Bufete, aquí no solo sigue vivo sino se anuncia, y el capo sale de prisión y se incorpora. Nadie como él. Es irrepetible dirá la Vanguardia cuando le detienen unas horas en el 2006.

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